La Audiencia Nacional (sección segunda) en el Recurso 1092/2017 de 4 de enero de 2021 establece y reitera una serie de criterios muy relevantes en la esfera de las operaciones vinculadas cuando se prestan servicios profesionales a sociedades vinculadas que cuentan con una estructura suficiente y autónoma para la prestación de dichos servicios.

Cuando estamos ante procedimientos de comprobación e inspección de operaciones vinculadas y se dan relaciones socio-sociedad en el ámbito de sociedades profesionales, la Inspección de Hacienda y los Tribunales económico-administrativos tienen la tendencia a imputar al socio profesional la -casi- totalidad del rendimiento (fiscal) obtenido por la sociedad, sin más, considerando a la sociedad profesional como un mero mecanismo de facturación y de costes y no como un posible elemento generado de valor.

Todo esto con independencia de que se aplique cualquiera de los métodos de valoración, porque siempre llega, la Administración, al mismo resultado.

Por ello es relevante esta sentencia de la Audiencia Nacional que viene a exigir un mayor rigor en la aplicación de la normativa relativa a las operaciones vinculadas porque, una vez demostrada la existencia de estructura suficiente para la prestación de servicios a terceros, resuelve que “No podemos aceptar, como ya decíamos anteriormente, la dicotomía que se realiza en relación a la actividad de la sociedad y a los servicios que el socio administrador único presta la sociedad.”

Así la sentencia recoge aspectos no controvertidos por la Inspección como es la prueba de la existencia de medios materiales y humanos diferentes del socio único y señala una confusión -intencionada o no- que la Inspección plantea en sus actuaciones “…. Cuestión distinta es que lo que parece querer decir la Administración que, en estas actividades personales del Sr. Ruperto, no se presta el servicio a la sociedad que, a su vez, lo presta a tercero sino directamente a terceros …  No podemos aceptar, como ya decíamos anteriormente, la dicotomía que se realiza en relación a la actividad de la sociedad y a los servicios que el socio administrador único presta la sociedad”.

Para señalar que “Sin ninguna duda la Administración puede valorar las operaciones vinculadas entre el Sr. Ruperto y la sociedad actora, pero la exclusión que realiza de la entidad societaria en relación a los servicios prestados a la COPE, no encuentra fundamento ni fáctico (en la documental 6 se aportan facturas que comprenden servicios diferentes a los prestados por el Sr. Ruperto y colaboración de la entidad con la emisora), ni jurídico, pues no existe norma alguna que autorice a realizar la dicotomía entre el trabajo del socio de la sociedad profesional y ésta, cuando la actividad se realiza en el ámbito de la actividad profesional de la entidad

Es evidente que la Administración no ha aplicado el método legalmente establecido, pues, como hemos visto, ha imputado todos los ingresos derivados de los servicios prestados a la cadena COPE, como si se debieran al trabajo personal del sr. Ruperto. Y, como hemos visto, no es ya que la Administración no haya probado que ello fue así, sino que obran documentos en autos que prueban precisamente lo contrario y es que la entidad recurrente participó en servicios que se prestaron a dicha cadena. “

Y concluir que “Sin duda la Administración, como reiteradamente hemos señalado, puede comprobar si la retribución abonada por la sociedad al socio por el trabajo prestado se corresponde con un valor normal de mercado, pero este método requiere analizar operaciones semejantes realizadas por personas o entidades independientes.

Sin embargo, este método no da cobertura a la consideración de la prestación de servicios del socio como si directamente se hubieran prestado a un tercero y no a la sociedad profesional, que es lo que ha realizado la Administración … De todo lo dicho, debemos concluir que la Administración al valorar la prestación realizada por el socio a la sociedad, no ha aplicado las normas legales que regulan dicha valoración y, por lo tanto, las liquidaciones giradas sobre un cálculo que no siga los parámetros legales, deben ser anuladas por contrarias a Derecho.”